Ley de tierras: importancia estratégica

Con el acuerdo logrado por el oficialismo y la oposición, cambios y enmiendas mediante, el panorama indica que se daría validez al proyecto enviado por el ejecutivo nacional para limitar la tierra en manos de ciudadanos extranjeros y poner un máximo a las futuras adquisiciones. La promulgación de la nueva ley es uno de las principales aspiraciones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para el corriente año y responde a resguardar el patrimonio natural nacional teniendo en cuenta el carácter estratégico y no renovable que tienen las tierras y los recursos naturales que subyacen a la misma.

La ley de tierras dispone que la posesión de tierras rurales en manos de extranjeros no pueda superar el 20% del territorio explotable del país y limita el dominio del suelo a un máximo de mil hectáreas a cada extranjero. Asimismo establece la creación de un registro para quienes detenten el dominio de tierras rurales, sea cual sea la cantidad, en el cual deben inscribirse y de donde se llevará un control de quienes son propietarios del suelo argentino.

Además, se aclara que la compra de tierras deja de ser una inversión dado su carácter no renovable y, luego de modificaciones propuestas por el arco opositor y aliados al oficialismo, se ha estipulado que se considere dentro del territorio la existencia de áreas forestales, lagos o recursos subterráneos para habilitar la transferencia del dominio a un ciudadano extranjero.

Amplio ha sido el debate hasta que la ley pudo ser tratada con la responsabilidad que merece. Basta con remontarse a marzo, en la inauguración de la actividad legislativa, donde la presidente exhortó a los congresales a la pronta sanción de la ley, que había sido enviada el año anterior al congreso y que contaba con catorce proyectos diferentes.

Si bien desde la oposición se han hecho desear, el acuerdo parece estar casi logrado. No sin antes haber recibido el oficialismo los embates de, entre otros,  la diputada Patricia Bullrich que consideró al proyecto ‘’xenófobo’’ dado que ‘’un pobre paraguayo que viene a trabajar no podría construirse su casa’’. O la licenciada Bullrich no leyó el proyecto o tiene un concepto de pobreza muy distinto al de la mayoría, pero resulta muy raro que ‘’un pobre trabajador paraguayo’’ tenga el dinero para comprarse la cuantiosa suma de más mil hectáreas. O más raro resulta de la Presidente de Asuntos Constitucionales del Congreso, Graciela Camaño, quien en primer momento ignoró los llamados a debatir el citado proyecto. La anomalía en el comportamiento se desprende de que la esposa del tristemente célebre Luis Barrionuevo hace alarde de su condición de peronista, movimiento político que en su reforma constitucional de 1949 establecía que todo lo que se encontrara por debajo del suelo era propiedad del Estado argentino. Pareciera confirmarse que, evidentemente, parte de la oposición responde más a sus ansias de poder que a los intereses del país que representan.

Pero, más allá de las discrepancias partidarias, el proyecto tomó la jerarquía que merece gracias a la actitud conciliadora que ha tomado el oficialismo y al buen criterio de aliados y opositores a la hora de proponer variaciones a la futura ley.

El valor de la ley de tierras se extiende mucho más que a una mera limitación a los extranjeros, sino que cobra importancia a un futuro que se avizora como no tan lejano.

Grandes extensiones de territorio, fundamentalmente en la Patagonia, se encuentran bajo la tutela de personas, tanto físicas como jurídicas, extranjeras. En numerosos casos las extensiones sobre las que ejercen el dominio son tan amplias que albergan dentro de si lagos completos o áreas forestales de gran magnitud. Y, obviamente, hacen valer su derecho a la propiedad privada cercando sus campos y prohibiéndole a cualquier conciudadano que, si lo desea, pase un rato en el lago (que, claro está, es propiedad del Estado y no de una persona). Fueron pocos los casos en que algún juez con afición por la naturaleza obligó a los propietarios a habilitar un corredor para que el acceso a las áreas ‘’públicas’’ sea libre y sin un enrejado de por medio.

De esta manera, la nueva ley aboga por el derecho de los argentinos a transitar y disfrutar libremente del suelo que, como ciudadanos, nos pertenece,

Pero, la cuestión esencial y de fondo es aún más profunda que la voluntad de un vacacionante de conocer su país. La densidad de población general en nuestro país es ínfima, llegando incluso a valores inferiores a las tres personas por kilómetro cuadrado (como ocurre en Chubut). A esa enorme disponibilidad de tierras se le suma el valor estratégico que, algunos analistas, vislumbran como la causa de las guerras en el futuro: el agua. Debajo del noreste de nuestro país se extiende el acuífero guaraní, una enorme fuente de agua dulce de más de 225 mil kilómetros cuadrados que abastece, junto al Acuífero Puelche, a vastas extensiones de la Argentina.

Si bien actualmente la cuestión del agua no figura entre los principales temas de debate, el imperio yankee, previsor como siempre, ha comenzado a minar lenta y agazapadamente los que quizás sean puntos estratégicos en un futuro con dificultades de tipo ambiental. Basta con ver algunos mapas de Sudamérica confeccionados por cartógrafos estadounidenses en donde indican al amazonas como ‘’territorio de la humanidad’’. No es casualidad que en la selva amazónica se ubique el río homónimo, el más caudaloso del planeta. Fue conocida la respuesta del ex ministro de educación brasilero, Cristovao Buarque, en la que proponía, a cambio de la internacionalización de la Amazonia, la mundialización de, entre otras cosas, el petróleo y el capital financiero global.

Entonces, y ante un panorama que alerta a los países con recursos y les propone ocuparse antes de llegar al extremo de tener que preocuparse, la sanción de una ley que limite la tenencia y explotación de nuestro suelo resulta totalmente necesaria.

Sin caer en exageraciones, evitar una nueva ‘’colonización’’ mediante la compra de nuestro suelo es primordial para pensar en un país a futuro en donde la explotación y los beneficios que se obtengan de nuestro suelo sea propia y no un mero espacio de donde se obtengan regalías obsoletas derivadas de alguna actividad comercial. Y, dadas las condiciones, la sanción de dicha ley no debe distinguir banderas ideológicas sino que debe ser en pos del pueblo.

Tales proyectos deberían también profundizarse y ser propuestos en las próximas asambleas de la UNASUR, a fin de lograr una política de tenencia de tierras compatible en los demás países de Latinoamérica y así evitar cualquier tipo de inconveniente referente a los recursos naturales.

Nuestro subcontinente es una de los mayores reservorios naturales del globo y, además, cuenta con vastas extensiones de tierra virgen. De ésta manera, Sudamérica debe aprovechar su independencia de los gigantes del norte y hacer valer lo que la naturaleza le ha brindado.

Facundo Benedetto