Fuimos todos

Las acusaciones realizadas por los “periodistas” Jorge Rial y Luis Ventura contra la vedette/jueza de baile/ingeniera Graciela Alfano acerca de una supuesta relación con el dictador y genocida Emilio Eduardo Massera y las fallidas respuestas que la “artista” dio, pusieron en el ojo de la tormenta periodística y mediática una discusión que aunque pasan los años nunca pierde vigencia (ni llega a esclarecerse realmente): la complicidad civil  con la última dictadura argentina.

Siempre que se habla de las culpas y el juzgamiento a los implicados, en lo que algunos llamaron el “Proceso de Reorganización Nacional,” inmediatamente se apunta a los culpables materiales e ideológicos, a los militares que actuaron en forma efectiva y activa para ejercer el terrorismo de Estado. Pero nunca se piensa en la complicidad civil que este proceso dictatorial implicó: los ciudadanos que apoyaron y avalaron el golpe, los periodistas que funcionaron como difusores y justificadores de la máquina de represión, la Iglesia que bendijo el golpe y que hizo ojos ciegos a los rezos de sus fieles (y no fieles), para que se termine el dolor que generaba el régimen opresivo y violento, los jueces que ignoraron los pedidos de justicia, los empresarios, que vieron en el terrorismo de Estado, la posibilidad de afianzar un modelo económico que les permitía aumentar considerablemente sus ganancias y beneficiar sus negocios, artistas y miembros del mundo del espectáculo que desde su lugar de figuras públicas acompañaban y le otorgaban “glamour” al asesinato sistemático de todos aquellos y todo aquello que estuviera en contra del “orden” que la Junta Militar pretendía establecer.

Muchos cómplices que se fueron desdibujando con los años, cuyas culpas nunca fueron ni admitidas ni juzgadas, pero cuyo papel para sostener y perpetuar durante 7 años la dictadura más cruenta que tuvo nuestro país fue determinante.

La conspiración de los grupos económicos había empezado en julio de 1974 contra el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, para que finalmente el 1976 encontraran su brazo ejecutor en la figura de Martínez de Hoz, quien aplicó el modelo económico neoliberal a costa de la muerte y la desaparición  de treinta mil argentinos y la apropiación de la riqueza nacional, cuyas consecuencias principales, como la deuda externa y la exclusión social, siguen golpeando al pueblo hasta el día de hoy. Incluso, la participación de los representantes del poder económico se demostró en empobrecimiento que sufrieron los trabajadores apenas un año después del quiebre que se produjo en el sistema democrático.

Cuando se produjo el golpe, el 24 de marzo de 1976, desde la ciudadanía contó con un gran apoyo, principalmente porque muchos tenían la esperanza de que las Fuerzas Armadas iban a actuar dentro de los márgenes que imponía la ley para parar con las situaciones de violencia que se vivían en ese momento (el accionar de la Triple A y las conductas de ciertos grupos considerados como subversivos) y para luego, preparar el retorno a la democracia. Obviamente, al poco tiempo esas esperanzas se diluyeron, pero eso no evito que el pueblo argentino llenara los estadios cuando los militares usaron el Mundial como distracción mientras a un par de cuadras se picaneaba a los jóvenes que buscaban un futuro distinto para ellos y para sus hijos o que algunos (muchísimos) hicieran rebalsar las plazas apoyando la Guerra de Malvinas a través de la cual se mandó a miles de pibes a pelear una batalla que no les pertenecía, que no entendían, que no tenía sentido.

Durante el genocidio, la Iglesia justificó a los militares que estaban embanderados como defensores de la fe católica. Mientras recibían gustosos a los genocidas, les cerraban las puertas a las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, fusilados, torturados, arrojados al mar en los vuelos de la muerte. El mismo arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, colaboró en el secuestro de catequistas , quitándole la protección a los sacerdotes de la orden de los jesuitas que trabajaban en barrios pobres de la zona sur de la Capital Federal. Incluso, se dice que ordenó que esos catequistas abandonaran sus actividades en las “villas miserias”.

En los años que duro el régimen militar, la jerarquía católica se transformó en uno de sus aliados más firmes, llegando a proponer “purificar las almas de los militares” para que no tuvieran que padecer ningún mandamiento moral que pudiera interferir en su tarea de “pacificar y ordenar” el país a través de los métodos que consideraran necesarios. Fueron ellos los que se crisparon ante la llegada de la Comisión Internacional de Derechos Humanos al país, manifestando que “la Argentina es uno de los países donde hay más tranquilidad y donde los derechos humanos están más respetados.”

En el caso del periodismo, se produjo una mezcla entre la autocensura, la complicidad, la comodidad y la obtención de beneficios. Los editores de los diarios más importantes (Clarín, La Nación, Perfil) pasaron a ser cómplices desde el momento en que no informaron acerca de la situación de los desaparecidos, aunque contaban con la reputación y la autoridad necesaria para, desde el periodismo, salvar la vida de miles de argentinos. Periodistas como Joaquín Morales Solá, Samuel “Chiche” Gelblung, Magdalena Ruiz Guiñazú, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, José María Muñoz y Mónica Cahen D’Anvers, defendieron desde los medios las políticas implementadas por la Junta Militar y se convirtieron en sus principales defensores ideológicos. Fue Morales Solá quien les agradeció "la colaboración en la lucha contra la subversión” y los exhortó a que “continuaran prestando el mismo apoyo". Fue Mariano Grondona quien manifestó que su “revolución” consistía en “nada menos que en la aparición de un orden en medio del desorden”. Fueron ellos, que con la verdad en sus manos, prefirieron avalar con la palabra a unos asesinos, y que hoy en día pretenden cubrirse alegando que no sabían que ocurría en los centros clandestinos de detención.

Uno de las muestras más importantes de la búsqueda de beneficios por parte de los medios, es el caso de Papel Prensa. David Graiver, dueño de la empresa Papel Prensa, fue detenido y torturado durante la dictadura, junto a su familia, acusado de administrar los fondos de la agrupación Montoneros. La viuda de Graiver señaló a Héctor Magnetto (CEO de Clarín) como el individuo que la obligó a firmar la concesión del monopolio de la empresa y en declaraciones manifestó que prefiere “ ver los ojos y la cara de mis torturadores, antes que ver los ojos de Magnetto en el momento en que me amenazaba para que firmara.”

A la vista de todas las pruebas que la memoria nos ofrece, es necesario que derrumbemos los escudos de impunidad que rodean a ciertos personajes del mundo de la cultura, de los sectores empresariales que financiaron y se enriquecieron con la dictadura, de los medios periodísticos que prefirieron mirar para otro lado y que cada uno asuma la culpa que le corresponde. Obviamente, la complicidad con el régimen genocida tuvo diferentes grados de implicancia, pero todos los que no quisieron ver la realidad que golpeaba sus caras pudieron salvar muchas vidas y no lo hicieron. No mataron 30.000 personas, pero tampoco las salvaron, no se movieron por ellos, no salieron a la calle como Nación a pedir verdad y justicia. Falto compromiso, pero sobró complicidad.

Ayelén Zabaleta